Miércoles 23.10.2002
ESCANDALO EN EL SENADO
Coimas: más cruces entre banqueros y senadores
Marcelo Helfgot
El influyente senador del PJ, Carlos Verna, se negó a declarar ayer ante sus pares de la comisión que investiga las presuntas coimas en el Senado y volvió a quedar en el ojo de la tormenta por el testimonio de un diputado justicialista que lo vinculó con el lobbista de los banqueros, Carlos Bercún.
La eventual participación de Verna y Bercún en el escándalo también es investigada ahora por el juez Claudio Bonadio, quien tiene a su cargo la causa del presunto pedido de coimas a banqueros para frenar en el Senado alguna de las leyes que los afectan. El magistrado agregó al expediente un anónimo que los involucra en operaciones sospechosas, junto al director del Banco Central y ex senador justicialista, Ricardo Branda.
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado citó a Verna para que explique si invitó al ministro de Economía, Roberto Lavagna, a cenar con Bercún, como aseguró el funcionario hace una semana. Pero el senador pegó el faltazo y optó por formular su descargo mediante una breve nota, en la que atribuyó la invitación al diputado Alberto Coto, enlace del ministro con el
Parlamento, quien también concurrió a la cena en la consultora de Bercún.
En cambio, Coto concurrió a declarar ante la comisión y ratificó que fue Verna quien les presentó al lobbista. "Cuando entramos a la oficina, Verna nos estaba esperando y lo presentó como el doctor Bercún", dijo. También coincidió con Lavagna en que por entonces desconocía que Bercún también prestaba servicios informativos a Economía.
Coto mencionó como organizador de la cena a un funcionario de Economía al que Lavagna no había relacionado con esa cuestión. Se trata de Raúl López, director de Asuntos Políticos, a quien algunas versiones relacionan con Bercún. López fue puesto a disponibilidad por orden de
Lavagna, hace diez días, mientras se sustancia un sumario sobre las responsabilidades en la contratación de Bercún.
El diputado afirmó que Lavagna mostró interés en hablar con Verna por los fluidos contactos entre el senador y las autoridades del Banco Central, con las que el ministro buscaba limar asperezas. El titular de esa entidad, Aldo Pignaneli, fue citado para declarar mañana ante la comisión.
Por otro lado, el juez Bonadío le tomó declaración ayer a los banqueros Manuel Sacerdote (Boston) y Carlos Giovanelli (Citi). La novedad más importante la ofreció Sacerdote, al admitir que en una reunión con los embajadores de EEUU y Gran Bretaña los banqueros pidieron"ayuda" para frenar en el Congreso cuatro leyes que afectaban sus intereses.
Grupo Clarín
Coimas: más cruces entre banqueros y senadores http://www.clarin.com/diario/2002/10/23/p-01202.htm1 de 1 07/05/2009 11:43 p.m.
La crisis: muchas veces los legisladores entregan la asistencia para pagar deudas políticas
Las pensiones graciables, sin control
La Pampa es la que más subsidios percibe; un senador de ese distrito, Carlos Verna (PJ), preside la comisión que los administra
En la actualidad hay 136.725 subsidios por un monto anual que supera los 264 millones de pesos
Ya no se otorgan más porque fueron eliminadas del presupuesto
Lunes 15 de abril de 2002
La Pampa gana por lejos en el reparto de las pensiones graciables que otorga el Congreso. Es la
provincia con mayor cantidad de subsidios por habitante: una pensión cada 20 ciudadanos.
En San Luis, un distrito de similares dimensiones al pampeano, el promedio es de una pensión cada 111habitantes, mientras que en la enorme provincia de Buenos Aires esa cifra baja a un beneficio cada 554 pobladores.
Estos fondos son un resorte exclusivo de los legisladores y fueron creados para asistir a personas
humildes o con alguna discapacidad, aunque, en muchos casos, terminaron desvirtuándose, ya que sirvieron a los dirigentes para fortalecer su poder político en el interior del país. Las comisiones de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado los manejaron siempre con discrecionalidad y reserva.
El senador pampeano Carlos Verna (PJ), que preside desde hace más de diez años esta comisión, se negó a contestar a LA NACION si el elevado número de pensiones que recibió su distrito se debe al cargo que él ocupa. Se rehusó al diálogo y sólo aceptó que se le enviara un cuestionario por escrito, pero nunca lo respondió.
"Los diputados y senadores se mataban por integrar esa comisión porque ahí se distribuían las pensiones y eso era caja política", admitió a LA NACION un diputado de un partido minoritario.
En la actualidad, las pensiones graciables fueron eliminadas del presupuesto de este año, aunque todavía continúan vigentes 136.735 beneficios por un monto anual de 264.258.972 de pesos, según los datos oficiales que tiene el Gobierno y que el Congreso guarda casi como un secreto de Estado. Estos subsidios se conceden por diez años y pueden renovarse automática e indefinidamente.
La crisis económica y el desprestigio de la clase política obligó a los legisladores a abstenerse de
distribuir nuevas partidas, que en los últimos cuatro años habían crecido sin freno. Entre 1988 y diciembre de 2000, el gasto mensual en este rubro trepó de 22,4 millones de pesos a 26,4 millones.
La opinión pública tomó con fastidio que algunos diputados y senadores hayan enviado esta ayuda social a familiares y amigos.
Tal fue el caso de la abuela del diputado pampeano Jorge Matzkin o la hija del juez federal que investigó las supuestas coimas en el Senado, Carlos Liporaci. Hubo también irregularidades menos resonantes, como, por ejemplo, que en Misiones y en Formosa percibían este haber familias enteras o que un mismo apoderado cobraba en nombre de 17 beneficiarios.
"Fue un desbande. Nunca pudimos saber a quiénes se entregaban estas pensiones", recordó un
funcionario del gobierno anterior que discutió el tema en el Parlamento.
Las pensiones graciables, sin control - lanacion.com http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=3888561
Sucede que la entrega de pensiones graciables es una potestad del Congreso y allí la información no siempre abunda. Antes de la renovación del Senado, sólo cinco de los 69 senadores de entonces aceptaron dar a conocer a la fundación Poder Ciudadano los listados de las personas a las que habían adjudicado estos 200 pesos mensuales.
Los legisladores definen el criterio que utilizan para entregar una pensión y los que, en definitiva, se autocontrolan. Verna evitó dar precisiones al respecto.
Según pudo saber LA NACION, cada uno de ellos contaba oficialmente con un cupo de 5000 pesos por mes para entregar en este concepto, aunque evidentemente esta proporción no se reflejó en la realidad.
La Pampa, con menos representación en el Congreso por ser una provincia chica, está segunda en el ranking de cantidad de pensiones graciables (12.982); detrás de Buenos Aires, que recibió 24.817 beneficios. Pero la cifra de esta última se atenúa frente a los millones de pobladores que habitan este territorio, según arrojan los datos del censo 2001 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Le siguen en la lista la Capital Federal (11.241), Santa Fe (10.142), Córdoba (9577) y Salta (8605) -ver infografía-. Un dato: Córdoba obtuvo menos pensiones que La Pampa, aunque su población es nueve veces superior.
Hasta hace dos años, diputados y senadores se disputaban el presupuesto de las pensiones de acuerdo con el orden de llegada. Quien pedía primero, recibía primero, explicaron fuentes oficiales. Así fue como muchas veces el Senado obtuvo una tajada mayor que la Cámara de Diputados. Luego, una disposición del Gobierno volvió la distribución más equitativa.
Presiones
Las pensiones graciables surgieron de la ley 13.337, de 1948, para personas "que hayan prestado a la Nación servicios de carácter extraordinario e inminente" y que tuviesen por lo menos 70 años o se encontrasen incapacitadas para el trabajo.
Con el correr de los años, mediante la sanción de media docena de normas, este criterio se fue ampliando hasta llegar a un nivel cuasi arbitrario. Sólo el año último, cuando la presión de la sociedad para cambiar este sistema venía en aumento, el Congreso impuso algunas restricciones. No se podían entregar pensiones a familiares de hasta cuarto grado de los legisladores, los beneficiarios no debían tener ingresos superiores a 150 pesos ni ser propietarios de inmuebles con una valuación fiscal superior a los 60.000 pesos.
La injerencia del Poder Ejecutivo sobre estos recursos es casi nula, aunque podría efectuar una tarea de control que no se realiza. La Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA), además de ocuparse de liquidar estos haberes, estaría habilitada para cruzar datos que permitan verificar que las pensiones llegan a quienes las necesitan.
Pero este trabajo, por ahora, es casi imposible porque no hay una base de datos unificada en la que se confronte a cada beneficiario con su situación social. En aquellas provincias como La Pampa, Corrientes, Córdoba o Formosa que no transfirieron su cajas previsionales a la Nación, el chequeo de esta información se torna más complicado, ya que muchas de ellas se resisten a enviar los datos previsionales. "Es probable que haya problemas para acceder a esta información. No hay una base de datos única, pero estamos tratando de cambiar eso", explicó a LA NACION uno de los responsables de ese organismo.
La gestión radical había iniciado un censo de pensiones graciables que quedó en el olvido. El Gobierno intenta ahora convencer a los legisladores que rediscutan los subsidios ya otorgados y eviten una renovación indiscriminada.
"Ahora no hay margen para hacer otra cosa. No dudo que hubo macanas, pero ahora hay voluntad para las pensiones graciables, sin control - lanacion.com http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=3888562 de 3 08/05/2009 12:02 a.m.
mejorar este sistema", trataron de contemporizar en la Casa Rosada.
De Campaña
